Abstract:

La ratificación del Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura representa para nuestro país un compromiso ético y jurídico de dar prioridad a la prevención del maltrato de todas las personas privadas de libertad, alojadas en cárceles o en otros lugares de detención, a consecuencia de una decisión judicial o en virtud de un mandato administrativo. La principal obligación que emerge de dicho Protocolo consiste en establecer un Mecanismo Nacional de Prevención, técnica y económicamente independiente, encargado del monitoreo sistemático de los establecimientos de reclusión. La reciente creación de la Institución Nacional de Derechos Humanos, más el mandato legal que ésta posee de coordinar sus funciones con el preexistente Comisionado Parlamentario, abre, por fin, la posibilidad cierta de cumplir los compromisos emanados del Protocolo. Al mismo tiempo, la original solución nacional, inédita en la región, supone una serie de complejidades jurídicas que son abordadas en este trabajo. La cooperación iniciada entre las dos instituciones estatales involucradas en el tema, además de evitar una inútil superposición de funciones genera un promisorio escenario para la prevención de la tortura en Uruguay.

Keywords: