La actividad administrativa de regulación presenta una excepcional discrecionalidad que debe ser contrarrestada con un específico régimen jurídico de garantía. Una más clara definición legal del interés general y una motivación de la proporcionalidad de la intervención reguladora permitirían un más efectivo control jurisdiccional de la actividad administrativa de regulación. Se incrementarían así la seguridad jurídica y la protección de los derechos de empresas y usuarios.
Dergi Türü : Uluslararası
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