Transparencia y Buen Gobierno son términos que en este tiempo resultan de interés para una España en crisis. La insatisfacción ciudadana y el debilitamiento institucional local y nacional son consecuencia de un declive en la garantía de los derechos sanitarios y educativos, de la falta de confianza en la administración pública, así como de problemas de corrupción en la gestión de lo público y derivados de la situación económica de los mercados. A pesar de un retraso en la regulación del tema, con la expedición de la Ley 19 de 2013 el gobierno español se suma a los Estados miembros de la Unión Europea que han presentado propuestas a nivel de gobierno, ciudadanía y nuevas tecnologías. Con esta ley se modifica la estructura de la administración pública para crear el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. ¿Es esta respuesta institucional una medida eficaz para la solución de la llamada crisis institucional en España? ¿Puede esta reforma oxigenar al aparato administrativo español?
Dergi Türü : Uluslararası
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